Oficial del MININT es denunciado por explotación y extorsión en...

Qué pasó

Una denuncia grave ha llegado desde Camagüey, señalando que la prisión “Tarea Confianza VI-2” es el escenario de presuntos abusos. Edgardo Vidal Figueredo, oficial del Ministerio del Interior y segundo jefe de la unidad, está bajo la lupa por corrupción y explotación. Los testimonios lo implican directamente.

Según lo denunciado, Vidal Figueredo administra una cochiquera dentro del penal. Allí, se obliga a presos, asignados a la cocina, a trabajar forzadamente. La carne obtenida, dicen, termina vendiéndose en los “Revolicos” de Camagüey, engordando el bolsillo del oficial.

Además, se reporta que Vidal Figueredo controla la venta de alcohol, cigarrillos y otros productos dentro de la prisión. Los reclusos encargados de estas operaciones trabajan bajo su supervisión, y los beneficios, afirman, van directamente a él, permitiéndole adquirir bienes como una motocicleta y otros enseres.

Dónde y cuándo

Estos hechos se sitúan en la unidad penitenciaria “Tarea Confianza VI-2” de Camagüey, una provincia ubicada en el centro-este de Cuba. Las denuncias, que fueron recogidas por “La Tijera News” y reportadas por “CubitaNOW”, salieron a la luz a mediados de febrero de 2026.

Las sombras de esta situación se extienden más allá de los muros de la prisión, alcanzando directamente a las familias de los reclusos. Tanto dentro como fuera de la cárcel, el miedo, la extorsión y la humillación se han convertido en parte del día a día.

Cada requisa oficial en la prisión, según los relatos, se convierte en un despojo. El dinero y las pertenencias personales de los internos desaparecen, y se sospecha que estos objetos también encuentran su camino hacia las manos del jefe penitenciario.

Por qué es importante

Este caso dibuja un panorama inquietante sobre el respeto a los derechos humanos y la legalidad dentro de las prisiones cubanas. No es simplemente un incidente aislado, sino que sugiere la existencia de un patrón de corrupción estructural arraigado en el sistema.

La explotación de los presos como mano de obra forzada y la extorsión a sus seres queridos constituyen violaciones graves. Estas prácticas no solo minan la confianza en el sistema, sino que también perpetúan un ciclo de miedo y abuso para los ciudadanos más vulnerables.

La situación afecta directamente la vida de los reclusos y la economía de sus familias. Estas se ven obligadas a entregar recursos o dinero para proteger a sus seres queridos de posibles represalias. La impunidad, de confirmarse, enviaría un mensaje desolador para toda la sociedad.

Qué dicen las partes

Las voces que se alzan son las de los familiares y los propios internos. A través de terceros, han hecho llegar sus testimonios, describiendo un ambiente de chantaje constante y una red de beneficios ilícitos manejada por el oficial Edgardo Vidal Figueredo.

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna declaración oficial por parte del Ministerio del Interior (MININT) ni de las autoridades penitenciarias de Camagüey en respuesta a estas denuncias. La noticia no indica que el oficial señalado haya ofrecido alguna versión de los hechos.

Los denunciantes y los medios que han recogido esta información buscan, a través de la visibilidad, que estos hechos no queden impunes. Su objetivo es presionar para que se inicien investigaciones exhaustivas y se haga justicia.

Qué viene ahora

La publicación de estas denuncias tiene como objetivo principal romper el silencio y generar presión para que se inicien investigaciones oficiales. Es el primer paso necesario para que las autoridades presten la debida atención a lo que sucede dentro de “Tarea Confianza VI-2”.

Ahora, será fundamental observar si se abre alguna pesquisa formal sobre las actividades de Vidal Figueredo y el presunto esquema de corrupción. El seguimiento constante por parte de los medios y la sociedad civil será clave para mantener el foco en el caso.

La esperanza es que, al salir a la luz, estas graves acusaciones puedan conducir a un cambio significativo en la administración penitenciaria. Esto buscaría, en última instancia, proteger los derechos de los reclusos y sus familias en todo el sistema penal cubano.