Trump busca retirar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados...

Qué pasó

El presidente Donald Trump ha movido ficha con un nuevo anuncio. Desde su tribuna, ha declarado que su administración planea despojar de la ciudadanía estadounidense a aquellos inmigrantes naturalizados que, se demuestre, cometieron fraude.

Esto es parte de una ofensiva migratoria más dura, una suerte de "tolerancia cero" que apunta a quienes, según el gobierno, abusaron del sistema.

Dónde y cuándo

La noticia llegó mientras el presidente Trump (Republicano) ofrecía un discurso en el Economic Club of Detroit. Era una mañana de enero de 2026, y sus palabras resonaron con fuerza.

Allí, en ese foro económico, el mandatario estadounidense dejó clara la intención de su gobierno de revisar y castigar los casos de fraude en la naturalización.

Por qué es importante

Esta medida no es un detalle menor. Representa un giro más estricto en la política migratoria y ha encendido las alarmas de muchos.

Juristas y defensores de los derechos civiles advierten sobre riesgos legales y sociales que podrían afectar a millones de personas, sembrando una incertidumbre nueva sobre la ciudadanía ya obtenida.

Qué dicen las partes

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump reiteró que la ciudadanía es "un privilegio, no un derecho". Aquellos que la consigan de forma deshonesta o cometan delitos serios, "deberán perder ese privilegio", aseguró, prometiendo prisión y deportación.

De hecho, se sabe que la Administración de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ya busca identificar entre 100 y 200 posibles casos de desnaturalización al mes, una cifra muy superior a lo habitual.

Sin embargo, los expertos en leyes migratorias alertan que esta ampliación podría politizar la ciudadanía. Temen que no solo afecte a fraudes claros, sino que se use de forma punitiva, afectando a ciudadanos con viejos errores administrativos.

Qué viene ahora

Ahora, el ojo estará puesto en cómo se desarrollan estos procesos. Cualquier revocación de ciudadanía requiere un juicio federal, y el gobierno deberá probar el fraude.

Será crucial ver cómo los tribunales interpretan esta ofensiva y qué impacto real tiene en la seguridad jurídica y los derechos civiles de los inmigrantes naturalizados en Estados Unidos.