Juez Federal Detiene Deportaciones a Terceros Países en EE.UU.

Qué pasó

Un juez federal en Massachusetts ha detenido de manera temporal la política que permitía al gobierno de Estados Unidos deportar inmigrantes a terceros países. Esta práctica se utilizaba cuando el país de origen de un migrante se negaba a recibirlo, buscando acuerdos con otras naciones.

La medida buscaba agilizar los procesos de expulsión, especialmente cuando se dificultaba la repatriación directa.

Dónde y cuándo

La decisión fue emitida el 26 de febrero de 2026 por el juez Brian E. Murphy en el Tribunal de Distrito de Massachusetts. La política en cuestión había sido implementada por la administración del presidente Donald J. Trump durante 2025.

El fallo suspende esta práctica por un periodo inicial de 15 días.

Por qué es importante

Este fallo representa un freno a una estrategia migratoria clave de la administración Trump y refuerza las garantías de debido proceso para los inmigrantes. Se argumenta que enviar personas a países con los que no tienen vínculos, y donde podrían enfrentar riesgos, viola sus derechos constitucionales.

La decisión protege a los migrantes al asegurar que tengan una oportunidad real de defenderse antes de ser enviados a un destino incierto o peligroso.

Qué dicen las partes

El juez Murphy determinó que la política del Departamento de Seguridad Nacional vulnera derechos constitucionales al no garantizar una notificación adecuada ni la oportunidad de impugnar el traslado. Organizaciones defensoras de derechos civiles han elogiado la medida, señalando que previene la exposición de personas a situaciones de inseguridad o persecución.

Por otro lado, quienes apoyan políticas migratorias más estrictas ven esta decisión como una limitación a las herramientas del gobierno para gestionar la frontera y los casos de expulsión.

Qué viene ahora

El gobierno tiene la opción de apelar la decisión del juez Murphy. Si la apelación procede, el caso podría eventualmente llegar a la Corte Suprema. Mientras tanto, las deportaciones bajo esta política específica están suspendidas.

Los especialistas esperan que esta resolución obligue al gobierno federal a revisar sus procedimientos y a implementar salvaguardas adicionales para asegurar el debido proceso en todos los casos de deportación.