Gobierno de EE.UU. impone multa millonaria a mujer por incumplir...

Qué pasó

En un tribunal federal de Richmond, Virginia, se ha presentado una demanda civil contra una mujer hispana. El gobierno de Estados Unidos le exige el pago de casi un millón de dólares. La razón es que la mujer, Marta Alicia Ramírez Véliz, no ha acatado una orden final de deportación que pesaba sobre ella.

Esta acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, busca cobrar una de las multas más altas registradas en este tipo de casos, enviando un mensaje claro sobre la aplicación de las leyes migratorias.

Dónde y cuándo

La demanda civil se formalizó en un tribunal federal de Richmond, Virginia, en enero de 2026. La historia de Marta Alicia Ramírez Véliz con las autoridades migratorias es más larga.

Desde el 1 de julio de 2019, la mujer estaba obligada a salir del país. En abril de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le notificó la imposición de una multa civil por su incumplimiento.

Por qué es importante

Esta multa, que asciende a 941.114 dólares más intereses, es un caso de alto perfil. Subraya el rigor con el que el gobierno de Trump busca hacer cumplir las órdenes de deportación.

La sanción, calculada a razón de 998 dólares por cada día de permanencia irregular, afecta directamente a Ramírez Véliz. También sirve como un aviso para otros inmigrantes en situaciones similares.

Qué dicen las partes

El Departamento de Justicia argumenta que Ramírez Véliz debió salir del país en 2019, cuando su orden de deportación quedó en firme. Se basan en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Esta ley permite multar a extranjeros que deliberadamente incumplen la obligación de salir. Por su parte, abogados de inmigración señalan que, aunque la administración Trump ha impulsado estas multas, el monto de este caso es inusualmente elevado.

Qué viene ahora

Ante la falta de respuesta de Ramírez Véliz tras la notificación de la multa en abril de 2025, el gobierno federal ha llevado el caso al tribunal. Ahora buscan que el juez ordene el pago de la sanción económica.

Funcionarios del Departamento de Justicia indican que estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de las órdenes. El objetivo es disuadir a otros de permanecer en el país tras agotar sus recursos legales.