Funcionarios Cubanos Añadidos a Lista de Represores por Caso...

Qué pasó

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha movido ficha, sumando a su registro de “Represores Cubanos” a varios funcionarios que, según ellos, están metidos hasta el cuello en el arresto de los integrantes de El4tico. Los jóvenes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, creadores de contenido, siguen tras las rejas.

A los muchachos se les acusa de “instigación a delinquir” y “propaganda contra el orden constitucional”, todo por unas publicaciones que hicieron en las redes sociales. Parece que la cosa va en serio, y podrían enfrentar penas de cárcel de hasta diez años.

Dónde y cuándo

Las detenciones de Medina y Zayas Pérez ocurrieron la mañana del 6 de febrero. A Medina lo recogieron en su casa de La Habana, después de que la registraran. A Zayas Pérez le pasó algo parecido.

No fue hasta el 12 de febrero cuando la fiscal Yamisel Hernández Rodríguez confirmó públicamente que les habían impuesto la prisión provisional. Entre los funcionarios señalados están el capitán Roiner Herrera Piña, del Ministerio del Interior; el teniente coronel “Parra”, de la Seguridad del Estado en Holguín; y la propia fiscal Hernández Rodríguez, también de Holguín.

Por qué es importante

Este caso es como un farol que alumbra la creciente tensión alrededor de la libertad de expresión en Cuba. No es un hecho aislado, sino que se suma a otros reportes de gente siendo procesada por lo que publica en internet o por su activismo digital.

Afecta directamente a jóvenes creadores de contenido y, por extensión, manda un mensaje a cualquiera que piense en alzar la voz. La iniciativa “Name and Shame” de la Fundación busca justamente ponerles cara a los funcionarios implicados en supuestas violaciones de derechos, dándole más peso a la denuncia.

Qué dicen las partes

Desde la cárcel, Kamil Zayas Pérez le escribió una carta a su amiga Paula Amador Lobón, dejando claro que su arresto no tiene nada que ver con delitos comunes. Él sostiene que lo detuvieron por decir lo que piensa, por sus opiniones críticas sobre cómo va el país.

Por su parte, la Fundación reafirma su compromiso de documentar estos casos, buscando exponer a los funcionarios que, según ellos, vulneran los derechos humanos. El gobierno, al dictar estas acusaciones, subraya que las acciones de los jóvenes son vistas como transgresiones al orden establecido.

Qué viene ahora

La Fundación ya anunció que no se va a quedar quieta. Seguirá recogiendo información sobre situaciones parecidas y va a seguir impulsando su plataforma de denuncia y la campaña “Name and Shame”. Esto significa que más nombres podrían sumarse a esa lista en el futuro.

Para Medina y Zayas Pérez, el camino judicial continúa. Hay que estar pendientes de los próximos pasos en su proceso, que podría llevarlos a enfrentar un juicio y, si las acusaciones se mantienen, penas considerables. Este episodio, sin duda, mantendrá en el candelero el debate sobre los límites de la expresión en la isla.