Ex-USCIS Official Arrested for Bribery Scheme to Expedite...

Qué pasó

Un exfuncionario de alto rango de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y un cómplice han sido arrestados en Texas. Se les acusa de participar en un esquema de corrupción para agilizar y aprobar trámites migratorios de manera ilegal a cambio de dinero.

Los detenidos son Lukman Owolabi Ganiyu, antiguo funcionario de USCIS, y Adeniyi Akeem Somoye. La detención se produjo el 2 de septiembre tras una denuncia penal que los acusa de conspiración para recibir dádivas ilegales mientras Ganiyu ocupaba su cargo público.

Dónde y cuándo

El presunto esquema operó principalmente entre diciembre de 2019 y marzo de 2026. Los arrestos ocurrieron en Texas, Estados Unidos, el 2 de septiembre de 2026. Las acusaciones se centran en las acciones de Ganiyu dentro de su rol como funcionario de USCIS.

Los trámites supuestamente manipulados incluyen solicitudes de petición familiar (I-130), ajuste de estatus a residente permanente (I-485), eliminación de condiciones de residencia (I-751) y solicitudes de naturalización (N-400).

Por qué es importante

Este caso resalta un presunto abuso de la confianza pública y una grave violación de los procedimientos de inmigración. La agilización ilegal de casos socava la integridad del sistema migratorio y puede haber permitido que personas que no cumplían los requisitos obtuvieran beneficios.

La corrupción en agencias de inmigración afecta directamente la confianza de los ciudadanos y solicitantes en el sistema. Las autoridades buscan reafirmar la aplicación justa y equitativa de las leyes migratorias.

Qué dicen las partes

El fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, calificó el cobro de dinero por beneficios migratorios como un abuso de la confianza pública. El FBI, USCIS y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional colaboraron en la investigación.

Ganiyu y Somoye comparecieron ante un juez magistrado federal. De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión federal y una multa de hasta 250.000 dólares.

Qué viene ahora

Los acusados enfrentarán un proceso judicial en el que se determinará su culpabilidad. Las autoridades continuarán investigando la posible extensión del esquema y si hubo más funcionarios involucrados o solicitantes beneficiados ilegalmente.

Se espera que este caso refuerce los controles internos y los mecanismos de auditoría dentro de USCIS para prevenir futuros actos de corrupción y asegurar que los trámites migratorios se procesen de acuerdo con la ley.