Denuncian Muerte y Desaparición de Jóvenes del 11J en Cuba

Qué pasó

El activista de derechos humanos Marcel Valdés ha levantado la voz, denunciando la muerte y desaparición de al menos ocho cubanos. Todos ellos, según Valdés, compartían el deseo de libertad y participaron en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J).

Valdés señala directamente al Estado como responsable. Argumenta que estas tragedias se deben a encarcelamientos arbitrarios, negligencia médica y un uso excesivo de la fuerza.

Dónde y cuándo

Los casos reportados se conectan con las grandes manifestaciones que sacudieron la Isla. Muchos fallecieron bajo custodia o poco después de ser liberados, ya en estado crítico, sin recibir la atención necesaria en prisión.

Entre los nombres, destaca Miguel Oña Jiménez, quien murió el 14 de febrero de 2026. Era paciente con VIH y fue excarcelado, pero ya demasiado tarde. También se menciona a Yoleisy Oviedo, detenida en Güines en 2022 por manifestarse contra los apagones, y a quien supuestamente se le negó atención médica.

La lista incluye a Luis Barrios y Gerardo Díaz, ambos detenidos por el 11J, y a Manuel de Jesús Guillén, cuya muerte se atribuye a una agresión en prisión. Yosandri Mulet se quitó la vida estando preso, a pesar de las advertencias sobre su salud mental. Además, Daisel González está desaparecido desde septiembre de 2024, y Diubis Laurencio falleció en La Güinera el 12 de julio de 2021, en pleno fragor de las protestas.

Por qué es importante

Esta denuncia no es solo una lista de nombres. Es un espejo que refleja el alto costo humano de la represión que siguió al 11J. Nos habla de un impacto profundo en la vida de aquellos que decidieron alzar su voz en las calles.

Afecta a familias enteras, a comunidades y, en última instancia, a la esencia misma de una sociedad. Cada historia individual se convierte en un símbolo del dolor que atraviesa el país, en un contexto de confrontación y una migración constante.

Qué dicen las partes

Marcel Valdés y otros activistas responsabilizan al gobierno, insistiendo en que estas muertes son el resultado directo de la represión. Argumentan que el sistema castiga la disidencia y limita libertades fundamentales.

Por su parte, las autoridades cubanas mantienen su postura. Aseguran que en la isla no hay presos políticos y que quienes fueron procesados por el 11J cometieron delitos comunes. En los casos de fallecimiento, a menudo atribuyen las causas a problemas de salud preexistentes o a causas naturales.

Qué viene ahora

Ante estas denuncias, las organizaciones independientes seguirán exigiendo respuestas. Buscarán investigaciones claras e imparciales, así como acceso a la información oficial. La verdad, para ellos, es un derecho innegable.

La atención se centrará en los pasos futuros del Estado y en cómo se gestionan estas acusaciones. Será importante observar si se abren canales para el diálogo o si la polarización continúa. La sociedad, por su parte, sigue atenta, a la espera de un desenlace que traiga luz a estas sombras.