Cuba abre puertas a residencias privadas para el cuidado de...

Qué pasó

El Gobierno cubano aprobó en noviembre de 2025 la creación de residencias privadas para el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad. Esta medida formaliza la privatización de un servicio que antes era netamente estatal.

La decisión, publicada en la Gaceta Oficial, permite que pequeñas y medianas empresas, cooperativas y trabajadores autónomos gestionen estos centros. Estos pueden ofrecer cuidado diurno, permanente o mixto.

Dónde y cuándo

La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial de Cuba en noviembre de 2025. El contexto es una isla que enfrenta un acelerado envejecimiento poblacional y una crisis económica persistente.

Las provincias con mayor porcentaje de población mayor de 60 años son Villa Clara y La Habana. La población total de Cuba ronda los 9,6 millones de habitantes.

Por qué es importante

Esta medida responde a la creciente demanda de cuidados ante el envejecimiento poblacional y la insuficiencia de las capacidades estatales. Busca aliviar la carga sobre las familias, especialmente las mujeres, quienes asumen la mayoría de estas tareas.

Sin embargo, especialistas advierten que los servicios privados podrían beneficiar solo a familias con recursos, acentuando las brechas sociales. El sistema estatal actual no logra cubrir la creciente necesidad.

Qué dicen las partes

El Acuerdo 10249/2025 del Consejo de Ministros, a través del Decreto 109, regula el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Este permite la gestión privada bajo autorización municipal del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Se exige capacitación acreditada por el MINSAP para el personal, aunque no necesariamente formación especializada previa. Al menos un 10% de las plazas debe ser para personas vulnerables con tarifas reguladas.

Qué viene ahora

Quedan pendientes detalles cruciales sobre los precios de los servicios y los procedimientos de acceso. Estos se definirán en regulaciones posteriores, según la información oficial.

El impacto real en la cobertura de la demanda y la accesibilidad para las familias de bajos recursos será clave para evaluar el éxito de esta nueva política.