Abogado cubano responsabiliza al gobierno por el 'desorden...

Qué pasó

El abogado Santiago Alpízar ha declarado que el verdadero desorden público en Cuba, durante las protestas por los apagones, fue provocado por el Partido Comunista. Según Alpízar, los ciudadanos que participaron en los “cacerolazos” solo pedían el restablecimiento de un servicio básico y el fin de los cortes de electricidad. Ellos se manifestaron pacíficamente.

Esta postura surge en un momento donde seis cubanos han sido condenados a penas de entre seis y ocho años de prisión. Sus condenas se deben a su participación en estas protestas no violentas, utilizando calderos y otros objetos metálicos para expresar su descontento ante la prolongada falta de luz.

Dónde y cuándo

Los hechos ocurrieron en varias localidades de Cuba, donde los apagones han sido una constante y a menudo se extienden por más de 48 horas. La declaración del abogado Alpízar se realizó en conversación con el periodista Mario Pentón, en un contexto de sentencias severas emitidas en enero de 2026.

Las protestas se manifestaron en las calles de la isla, en sitios cotidianos, donde el cansancio por la falta de un servicio esencial hizo que la gente saliera a expresar su sentir. Los vídeos de estos eventos, según el jurista, muestran la conducta respetuosa de los participantes.

Por qué es importante

Este caso pone sobre la mesa la tensa relación entre los ciudadanos y el gobierno cubano respecto a la libertad de expresión. La criminalización de manifestaciones pacíficas levanta serias preguntas sobre el derecho a protestar y la responsabilidad de las autoridades. Es un reflejo de cómo la falta de servicios básicos afecta la vida diaria y genera descontento social.

La severidad de las condenas, que llegan a ocho años de cárcel por tocar un caldero, ha generado alarma entre medios independientes y en las redes sociales. Esto sugiere una escalada en la respuesta estatal a las quejas ciudadanas, afectando la confianza pública y los derechos civiles.

Qué dicen las partes

Santiago Alpízar sostiene que el desorden público se configura, legalmente, cuando se interrumpe un servicio básico. Él argumenta que los ciudadanos estaban pidiendo el restablecimiento de la electricidad, que fue cortada por el gobierno. Por ello, la interrupción del servicio, y no la protesta, fue el desorden.

La posición del gobierno, implícita en las condenas, es que los “cacerolazos” constituyen un acto de desorden público que justifica las severas penas impuestas. No hay una declaración directa del gobierno en el texto, pero sus acciones judiciales hablan por sí mismas, mostrando una postura inflexible ante este tipo de manifestaciones.

Qué viene ahora

Las sentencias emitidas probablemente seguirán siendo un foco de atención para los medios independientes y las organizaciones de derechos humanos. Este escenario podría intensificar el debate sobre las libertades civiles en Cuba y el manejo de las protestas ciudadanas.

Es posible que esta situación genere nuevas reacciones tanto a nivel nacional como internacional. La comunidad observa de cerca cómo se gestionan estas tensiones y qué pasos se tomarán en el futuro respecto a las protestas pacíficas y el derecho a disentir en la isla.